Publicado el 17 Septiembre 2013
Escrito por Felipe Portales
Ver los debates de la Televisión Española informa y entretiene, más aun con
el contraste de la deplorable televisión chilena. Sin embargo, no
termina de impactar el autoritarismo e intolerancia de que hace gala el establishment madrileño al referirse a los crecientes deseos manifestados por el pueblo catalán de construir un Estado propio.
Así,
en lugar de contemplar un ejercicio democrático de intentar convencer a
dicho pueblo de las bondades históricas, actuales y –sobre todo-
futuras que tendría para Cataluña seguir unida a España; se está en
presencia de torpes intentos de amedrentamiento colectivo, que pueden
resumirse en varios eslóganes majaderos: ¡Es ilegal lo que ustedes
pretenden! ¡Va contra la Constitución! ¡No se les puede permitir!
Es
decir, que puede ser perfectamente cierto que el pueblo catalán tenga
fundamentadas quejas históricas y actuales respecto de su larga
integración (¿o subordinación?) en España; de que su desarrollo
económico y cultural se vea entorpecido por el marco político en que se
desenvuelve; y de que efectivamente esté adquiriendo un deseo de
independencia nacional; pero nada de eso interesa a los políticos y
periodistas madrileños. O peor aún, pareciera que en el fondo ellos
intuyeran o estimasen que aquellos agravios son reales y que las
aspiraciones independentistas son mayoritarias; pero que éstas
“afortunadamente” no podrían realizarse simplemente porque son
“ilegales”. Al menos, esa impresión deja la ausencia de argumentos de
fondo y la beligerancia anticatalanista de sus posiciones.
Más
allá de lo débil –como veremos luego- de dicha interpretación jurídica
restrictiva de los derechos humanos; creo que ¡difícilmente se podría
esgrimir un planteamiento más favorable para la causa independentista
catalana! Porque lo que le están diciendo, en definitiva al pueblo
catalán es que está obligado a permanecer en España; gústele o no, le
favorezca o no. Honestamente pensaba -desde Chile- que había razones más
sólidas para fundamentar la conveniencia, para Cataluña y España, de
mantenerse unidos. Es además muy curioso escuchar argumentaciones
jurídico-políticas decimonónicas en un medio de comunicación globalizado
propio del siglo XXI…
Por
otro lado, la tesis de que el intento “soberanista” catalán sería
ilegal, no tiene asidero de acuerdo a los principios contemporáneos de
derechos humanos. La comunidad internacional hace ya tiempo que postula
la prioridad absoluta del derecho de autodeterminación de los pueblos.
Tanto así, que el artículo primero de los tratados internacionales más
importantes de Naciones Unidas (el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos y
Sociales) estipula igualmente que: “Todos los pueblos tienen el derecho
de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente
su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico,
social y cultural”.
Dada
la preeminencia del derecho internacional sobre el derecho interno,
aquel tratado (ratificado en 1977 por España) prevalece sobre la
Constitución española que, a este respecto, recoge ciertamente la
tradición franquista, al afirmar en su Artículo 2º: “La Constitución se
fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e
indivisible de todos los españoles…”. Pero incluso la propia
Constitución pone en entredicho lo anterior al establecer en su Artículo
96 que “los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez
publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento
interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o
suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo
con las normas generales del Derecho internacional”.
Y,
más todavía, la lógica elemental convierte en antidemocrático todo
intento de un Estado plurinacional en obligar a sus naciones
constituyentes a permanecer coercitivamente en su seno. Es lo que
entendió la República Checa y Eslovaca respecto de Eslovaquia en 1993;
lo que igualmente comprendió Canadá respecto de Quebec en 1980 y 1995; y
lo que ha entendido el Reino Unido en relación a Escocia. Esperemos
que, en definitiva, prevalezca también la lógica democrática en España…
http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=9198:madrid-estimula-la-independencia-catalana&catid=13:politica1&Itemid=12
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada