Que eso de la nación española no había quedado muy claro en 1812 lo demuestra el hecho de que Antonio Alcalá Galiano -que no por ser un político corrupto dejaba de ser, a la vez, una de las mentes más lúcidas del liberalismo español- dijera en la sesión del estamento de procuradores de 12 de marzo de 1835: “Uno de los objetos principales que nos debemos proponer nosotros
es hacer a la nación española una nación, que no lo es ni lo ha sido
hasta ahora”....
el 26 mayo, 2014
OPINIÓN
El año 1887, Valentí Almirall, en su L’Espagne telle qu’elle est, sentenció que el gran problema político de entonces era España, no Catalunya. El último número de la revista L’Avenç lleva un editorial titulado “El problema es español”. Pienso que el principal problema que hoy tenemos no es Catalunya, ni tampoco es España, sino que es Madrid. O mejor dicho, el bloque político-económico que desde Madrid controla y gestiona toda España. Me explicaré: cuando escribía Almirall, y años después Joaquín Costa, una oligarquía poco moderna y un caciquismo tradicional dominaban España desde un Madrid pequeño, burocrático, provinciano y bastante desvinculado de Europa. El gran cambio se produjo con el franquismo, que consiguió convertir Madrid en “la capital del capital”. El régimen de Franco no sólo hizo de Madrid el exclusivo centro de las decisiones políticas, también propició que fuera el principal núcleo financiero y sede del poder económico. Se quiso hacer de Madrid un importante centro fabril, puesto que era preciso “descongestionar las grandes y peligrosas concentraciones industriales de Barcelona y Vizcaya” (Franco, 1944). Y si el primero y el segundo objetivo se lograron con creces, el tercero fracasó. Hoy no queda casi nada de las grandes industrias madrileñas creadas durante franquismo.
El proceso de convertir Madrid en la capital del gran capital se ha reforzado notablemente durante los 35 años de democracia, a pesar de la creación del Estado autonómico. Los gobiernos del PSOE y del PP han hecho de Madrid al gran beneficiado de sus políticas. En Madrid se recaudan los impuestos, se concentran las principales inversiones extranjeras –más del 65%–, se controlan los principales flujos financieros, es la sede de los más importantes centros de decisión públicos y privados y de más de la mitad de las empresas de mayor volumen de ventas. Pero Madrid exporta poco, está muy por debajo de lo que le correspondería porque produce muy poco. Sobre todo gestiona y reparte los recursos del conjunto español, pues su modelo es básicamente extractivo.
Hay un fenómeno significativo que aparece en todas las encuestas sobre los sentimientos identitarios de los españoles: la Comunidad de Madrid es donde hay el más alto sentimiento de pertenencia español y la menor identificación con su comunidad autonómica. No ha cuajado un regionalismo madrileño, cosa que sí ha pasado en la mayoría de las otras comunidades. El sentimiento de “capitalidad” imprime un carácter tan acusado que ha producido una gran identificación con el Estado-nación español hasta el punto que hoy son muchos los madrileños que piensan que, en el fondo, España es Madrid.
Estamos ante una sutil forma de apropiación de España por parte de Madrid. La enfática defensa de la nación española hecha por muchos políticos y los intelectuales de Madrid es una hábil forma de proteger el “modelo Madrid”. Aunque esta gran concentración de poderes sólo beneficia a una pequeña minoría. A una élite integrada por buena parte de los máximos dirigentes de los partidos españoles, por directivos bancarios y de multinacionales, por altos técnicos de la administración pública, por ejecutivos de empresas, por algunos profesionales e incluso por intelectuales. Las estrechas relaciones entre política y negocios, lo bastante bien engordadas durante la locura especulativa de los años 1996-2010, han consolidado una nueva oligarquía española, más moderna, poderosa y ambiciosa que la denunciada por Costa hace un siglo. El comportamiento de esta élite no es de simple administradora del patrimonio común de todos los ciudadanos, sino que a menudo actúa como el amo de la finca: recuerden aquello de “el solar es nuestro”. Esta minoría privilegiada, como controla también buena parte de los medios de comunicación, ha logrado difundir la falacia de que está defendiendo la nación de todos los españoles cuando, de hecho, protege su modelo de gobernar y decidir. Esta élite es la principal causante y beneficiaria de la baja calidad de la actual democracia española: monopolio de los partidos institucionales, políticas de influencias y corruptelas. Y es la gran responsable del considerable despilfarro de recursos públicos provocado por su política neocaciquil. Favorecida por el bipartidismo institucional (como durante la Restauración), esta élite se muestra firmemente opuesta a cualquier reforma democratizadora y, evidentemente, al derecho a decidir reclamado por la mayoría de los catalanes. Catalunya es demasiado importante para dejar que se escape de su control: concentra el 16% de la población, el 19% del PIB, el 22% de las recaudaciones fiscales, el 25% de las exportaciones, el 25% del turismo, el 35% de las patentes comunitarias, etcétera. Su forma de gestionar la vida política española sería inviable sin Catalunya. Hoy la élite de Madrid ve Catalunya como una “grande y peligrosa” concentración económica y “es preciso” que no tenga un auténtico poder: hace falta que todo continúe igual.
El caso catalán no ha provocado la actual crisis política española. Al contrario, es uno de los resultados de la persistencia del “modelo Madrid”. Los propugnadores de hipotéticas terceras vías tendrían que saber que cualquier propuesta o pacto sobre el futuro político español pasa necesariamente por el desmantelamiento de este depredador y escasamente democrático modelo de gobierno que sólo está beneficiando a la nueva oligarquía madrileña del siglo XXI.
El año 1887, Valentí Almirall, en su L’Espagne telle qu’elle est, sentenció que el gran problema político de entonces era España, no Catalunya. El último número de la revista L’Avenç lleva un editorial titulado “El problema es español”. Pienso que el principal problema que hoy tenemos no es Catalunya, ni tampoco es España, sino que es Madrid. O mejor dicho, el bloque político-económico que desde Madrid controla y gestiona toda España. Me explicaré: cuando escribía Almirall, y años después Joaquín Costa, una oligarquía poco moderna y un caciquismo tradicional dominaban España desde un Madrid pequeño, burocrático, provinciano y bastante desvinculado de Europa. El gran cambio se produjo con el franquismo, que consiguió convertir Madrid en “la capital del capital”. El régimen de Franco no sólo hizo de Madrid el exclusivo centro de las decisiones políticas, también propició que fuera el principal núcleo financiero y sede del poder económico. Se quiso hacer de Madrid un importante centro fabril, puesto que era preciso “descongestionar las grandes y peligrosas concentraciones industriales de Barcelona y Vizcaya” (Franco, 1944). Y si el primero y el segundo objetivo se lograron con creces, el tercero fracasó. Hoy no queda casi nada de las grandes industrias madrileñas creadas durante franquismo.
El proceso de convertir Madrid en la capital del gran capital se ha reforzado notablemente durante los 35 años de democracia, a pesar de la creación del Estado autonómico. Los gobiernos del PSOE y del PP han hecho de Madrid al gran beneficiado de sus políticas. En Madrid se recaudan los impuestos, se concentran las principales inversiones extranjeras –más del 65%–, se controlan los principales flujos financieros, es la sede de los más importantes centros de decisión públicos y privados y de más de la mitad de las empresas de mayor volumen de ventas. Pero Madrid exporta poco, está muy por debajo de lo que le correspondería porque produce muy poco. Sobre todo gestiona y reparte los recursos del conjunto español, pues su modelo es básicamente extractivo.
Hay un fenómeno significativo que aparece en todas las encuestas sobre los sentimientos identitarios de los españoles: la Comunidad de Madrid es donde hay el más alto sentimiento de pertenencia español y la menor identificación con su comunidad autonómica. No ha cuajado un regionalismo madrileño, cosa que sí ha pasado en la mayoría de las otras comunidades. El sentimiento de “capitalidad” imprime un carácter tan acusado que ha producido una gran identificación con el Estado-nación español hasta el punto que hoy son muchos los madrileños que piensan que, en el fondo, España es Madrid.
Estamos ante una sutil forma de apropiación de España por parte de Madrid. La enfática defensa de la nación española hecha por muchos políticos y los intelectuales de Madrid es una hábil forma de proteger el “modelo Madrid”. Aunque esta gran concentración de poderes sólo beneficia a una pequeña minoría. A una élite integrada por buena parte de los máximos dirigentes de los partidos españoles, por directivos bancarios y de multinacionales, por altos técnicos de la administración pública, por ejecutivos de empresas, por algunos profesionales e incluso por intelectuales. Las estrechas relaciones entre política y negocios, lo bastante bien engordadas durante la locura especulativa de los años 1996-2010, han consolidado una nueva oligarquía española, más moderna, poderosa y ambiciosa que la denunciada por Costa hace un siglo. El comportamiento de esta élite no es de simple administradora del patrimonio común de todos los ciudadanos, sino que a menudo actúa como el amo de la finca: recuerden aquello de “el solar es nuestro”. Esta minoría privilegiada, como controla también buena parte de los medios de comunicación, ha logrado difundir la falacia de que está defendiendo la nación de todos los españoles cuando, de hecho, protege su modelo de gobernar y decidir. Esta élite es la principal causante y beneficiaria de la baja calidad de la actual democracia española: monopolio de los partidos institucionales, políticas de influencias y corruptelas. Y es la gran responsable del considerable despilfarro de recursos públicos provocado por su política neocaciquil. Favorecida por el bipartidismo institucional (como durante la Restauración), esta élite se muestra firmemente opuesta a cualquier reforma democratizadora y, evidentemente, al derecho a decidir reclamado por la mayoría de los catalanes. Catalunya es demasiado importante para dejar que se escape de su control: concentra el 16% de la población, el 19% del PIB, el 22% de las recaudaciones fiscales, el 25% de las exportaciones, el 25% del turismo, el 35% de las patentes comunitarias, etcétera. Su forma de gestionar la vida política española sería inviable sin Catalunya. Hoy la élite de Madrid ve Catalunya como una “grande y peligrosa” concentración económica y “es preciso” que no tenga un auténtico poder: hace falta que todo continúe igual.
El caso catalán no ha provocado la actual crisis política española. Al contrario, es uno de los resultados de la persistencia del “modelo Madrid”. Los propugnadores de hipotéticas terceras vías tendrían que saber que cualquier propuesta o pacto sobre el futuro político español pasa necesariamente por el desmantelamiento de este depredador y escasamente democrático modelo de gobierno que sólo está beneficiando a la nueva oligarquía madrileña del siglo XXI.
