diumenge, 4 d’octubre del 2015

Norbert Bilbeny: "La autodeterminación es un derecho cosmopolita"

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Otro de los temas que le apasionan es el cosmopolitismo. Parece que ahora resurgen formas de identidad más ligadas a la pertenencia a un pueblo, a una tradición concreta, o a un territorio.
El cosmopolita es aquel que tiene que afrontar en alguna ocasión el dilema: o patria o mundo. Es lo que pasa hoy con los refugiados en Europa: o nos decantamos por los intereses conquistados o por los derechos humanos. Tendremos que decidir a qué damos prioridad. Pero eso no quiere decir que no sea posible defender el propio país y el resto de países, todo a la vez. Entre los derechos individuales está el de pertenecer a la propia comunidad política.
Para comprender lo universal hay que preguntarse por lo local.La autodeterminación es un derecho cosmopolita. No veo la contradicción entre defender un patriotismo democrático con la posición cosmopolita. Se trata de ideas antagónicas cuando el patriotismo es excluyente y quiere poner fronteras, cuando no se quiere cooperar con el otro.
Lo de “ciudadanos del mundo” suena muy abstracto. Pero vivimos en un mundo globalizado en el que parece imposible hablar de independencia sin tener en cuenta la interdependencia.
Los que dicen ser, sin más, “ciudadanos del mundo”, no comprenden el derecho que tiene todo individuo a pertenecer a una determinada cultura, a una nación, a un grupo racial, o a una comunidad política. Pero, por otro lado, aquellos que quieren estar solos, sin asociarse o confederarse, son contrarios a una actitud cosmopolita.
Vayamos a lo concreto. La cosa está animada en Catalunya.  ¿No hemos utilizado demasiadas veces la ley como amenaza?No todo lo legal es justo, ni mucho menos. Pero esperamos que lo justo se convierta siempre en legal. Es un antiguo debate de la vieja Grecia. La justicia es una virtud, pero también un principio.
La legalidad, sin embargo, no es una virtud en sí misma.
Los jueces no sólo han de ser prudentes y equitativos. Si existe el derecho, las normas para el orden básico de la sociedad, es porque antes se ha expresado la inquietud por la justicia, la denuncia de lo injusto.
En su último libro defiende que la justicia va mucho más allá de los tribunales: es una idea, un valor y un deseo.
La norma ha de responder al deseo de justicia que, a mi entender, es el deseo de felicidad, o sea, el deseo de no crueldad. Es el deseo de desarrollar una vida del modo más seguro y libre posible. Se trata de evitar al máximo la falta de dignidad.
Y, pese a que es algo que se “aprende”, es una noción que detectamos en todas las culturas.
Aprendemos antes lo que es injusto que lo que es justo. ¿Pero cómo se puede saber lo que es injusto sin tener una referencia, aunque sea intuitiva, de lo que es justo? Fíjate en los niños. Con cuatro o cinco años ya tienen alguna idea de lo que es justo. Se aprende en la clase, en el barrio, jugando…
Stuart Mill establecía tres clases de injusticia: “la agresión indebida, el abuso de poder y la privación de bienes y derechos”. ¿Qué tipo de injusticia hemos sufrido más durante los últimos años en España?Creo que el abuso. El sentimiento y el conocimiento de que estamos padeciendo un abuso. Hay algo, alguien, algunos que nos manipulan. Estamos sometidos a propaganda diaria, política y comercial, pero también a una persuasión que no hemos buscado. Tenemos un umbral de resistencia, sí, pero la ciudadanía en España se ha sentido, en su mayor parte, abusada en sus vidas, en sus expectativas, en sus derechos.
Pero experimentamos una paradoja. Cuando conocemos los detalles de la corrupción es cuando más nos indignamos pero, de alguna forma, la información acaba con la impunidad del corrupto.
Cuando sale a la luz la impunidad de los hechos sentimos que nos afecta más. Es más lacerante. La impunidad de la que ha disfrutado el delincuente subraya lo ilícito de las causas.
Vuelve a hablarse de la desobediencia civil como estrategia política. Sin embargo, muchas veces no se explica que, para que sea una actitud verdaderamente ética, el desobediente ha de estar dispuesto a aceptar las consecuencias. Sócrates es el mejor ejemplo.
Efectivamente, la mayor licitud de la desobediencia reside en que quien la practique asuma las consecuencias legales y sociales sobre su propia persona por desobedecer. Pero no es lo mismo la desobediencia civil en una sociedad democrática que en una sociedad autocrática. En una democracia, si las instituciones han faltado a los principios que rigen sus normas, las razones para la desobediencia han ser de ser cualitativamente más democráticas que las leyes que se quieren desobedecer. Para tener credibilidad, no se pueden aducir argumentos personalistas, de oportunidad, ni de preferencia de grupo. Hay que hacerlo respetando la opinión del otro, pacíficamente, y agotando, primero, todos los medios que las leyes vigentes permitan. Además hay que desobedecer aspectos concretos de la legalidad. No vale en democracia negar todo el ordenamiento jurídico y político, sino aquellos aspectos que juzgamos impropios. El contenido, la forma y el alcance son importantes para la credibilidad. Desobedecer, entonces sí, se convierte en un valor cívico.
La legalidad siempre irá por detrás de la idea de justicia; existe un desplazamiento persistente. Pongamos que hablamos de la Constitución, a quien muchos ven como intocable…
La norma es convencional, no natural. El acuerdo social pide estabilidad y seguridad. Y es más eficaz que sea así que no que cada semana cambiemos la norma. Pero ha de estar abierta a la renovación en los aspectos que la sociedad crea que hay que cambiar. Por eso, determinadas constituciones prevén esos cambios con enmiendas. La propia Constitución española prevé que pueda ser reformada. La ciudadanía puede y deber exigir a la Constitución que cambie en aspectos que evolucionan como la territorialidad, el tipo de participación, las formas de subsistencia material, la seguridad, las relaciones internacionales…
¿Se trata, entonces, de crear nuevas estabilidades?
Es que la seguridad jurídica, si nos la tomamos en serio, pide una constante y ponderada revisión de la norma legal. Y la reclama para no crear vacíos entre la norma y su receptor, que es el ciudadano.
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