Cataluña es soberana

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Jordi S. Grau Bastardas, Abogado
17/01/2014 - 13:32
Cataluña

Jordi S. Grau Bastardas, Abogado

Cuando leí el artículo del Sr. Cardona, pensé que el mismo estaba lleno de buenas intenciones pero que contenía afirmaciones que, entiendo, no coinciden con la realidad jurídica, económica y sociológica de la actual situación en Cataluña.

Sin entrar en consideraciones ideológicas (que pueden o no coincidir con mi pensamiento personal), voy a intentar exponer, párrafo a párrafo, aquellos extremos que pienso deben matizase y tenerse en cuenta para analizar la citada situación.

El atículo comienza con la afirmación de que el hecho de haber votado una constitución en el lejano 1.978, implica haber ejercitado el derecho a decidir.

Con respecto a ello debo señalar que haber ejercitado un derecho no implica su extinción. Haber votado una vez no quiere decir que no se pueda volver a plantear la cuestión. Así en Quebec, por ejemplo, se ha votado sobre la independencia dos veces (1980 y 1995) y se prevé una próxima votación. Las situaciones y circunstancias son cambiantes y evolucionan, por lo que, salvo que exista una norma de derecho positivo que lo impida, los derechos son inalienables, imprescriptibles, irrenunciables e inextinguibles.

Tampoco puede decirse que el marco social e histórico en el que se redactó, se acordó y se sometió a votación la Constitución Española de 1978, fuese de paz social, política y de igualdad, como pretende el artículo comentado: existía una amenaza cierta, real y constante de golpe de estado militar, el Rey quebrantó los juramentos (¿leyes?) del anterior régimen y el franquismo tenía todas sus estructuras en pleno funcionamiento. De ello es un ejemplo la redacción del actual artículo 8 de la Constitución, impuesto por el ejército, según ha relatado algún miembro de la ponencia redactora de la misma. En este contexto, no parece que pueda afirmarse que los votantes lo hiciesen según un criterio libre de prejuicios y exento de temores como para emitir un voto no condicionado. Y, además, no existía ningún texto ni opción alternativo.

Por otra parte, el derecho de autodeterminación en este país, no se ha ejercitado nunca. Se votó una constitución en bloque y sin posibilidad de no votar aquellos puntos con los que no se estaba de acuerdo. Es como si me dicen que estoy de acuerdo con el programa de un determinado partido porqué lo he votado: En el programa del PSOE de 1982 figuraba el slogan "OTAN: de entrada NO" y, en cambio, en el 1986, convocó un referéndum sobre la permanencia en dicho organismo absolutamente contrario a sus postulados programáticos. Jurídicamente, irreprochable. Moralmente, reprobable.

Es importante señalar, sobre la legalidad de las propuestas de los distintos partidos políticos, que la Constitución Española en su un artículo 96, establece lo siguiente:

"Artículo 96

1. Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional."

En consecuencia, al formar parte España de la ONU, sus tratados, disposiciones y demás normativa son de directa aplicación en este país. El órgano jurisdiccional de la ONU y, por lo tanto, máximo intérprete del texto de sus tratados, es la Corte Internacional de Justicia. Con fecha 22 de julio de 2010, dicha Corte emitió su "Opinión Consultiva" número 141 de la Lista General, a instancias de Serbia, sobre la legalidad de la declaración unilateral de independencia declarada por las instituciones provisionales de autogobierno de Kosovo. España intervino en dicho proceso, formulando alegaciones ?contrarias a la independencia de Kosovo, evidentemente-. Con dicha actuación, España quedó sometida y vinculada por la resolución de la Corte debiendo aceptar el resultado del proceso: quien forma parte de un procedimiento, voluntariamente, alega y se somete, no puede, si la resolución no es de su agrado, no acatarla.

La citada Opinión Consultiva dictaminó que la declaración unilateral de independencia de Kosovo era legal según el Derecho Internacional.

Su fundamento fue, en síntesis, que si en unas elecciones concurre un partido o grupo político con la propuesta programática de declarar la independencia de una región o territorio (en este caso, era un Protectorado de la ONU), si vence las elecciones, puede, bajo el amparo del derecho internacional, declarar la independencia del territorio.

Según el citado artículo 96 de la Constitución Española, dicha resolución interpreta de forma auténtica parte del derecho interno de España, por lo que, en el supuesto de un caso análogo, debería acatar la declaración de independencia formulada en iguales términos. Y sin que deba someterse a votación dicha declaración de independencia al resto del ámbito territorial del estado del que formaba parte.

En cambio, sí que estoy de acuerdo con el artículo del Sr. Cardona, en que no tiene amparo constitucional un referéndum sobre la independencia unilateralmente convocado sin aprobar la legislación de desarrollo legal.

En cualquier caso, políticamente, y en base a la máxima jurídica de que ?quien puede lo más puede lo menos?, si el derecho internacional ampara la declaración unilateral de independencia, no parece que los políticos deban poner impedimentos para efectuar un referéndum como el que se pretende, articulando para ello los instrumentos legales pertinentes.

De igual modo, con los medios y conocimientos existentes en pleno siglo XXI resulta incomprensible que un gobierno no deje expresar a sus ciudadanos libremente y sobre cualquier extremo. Francamente, recuerda mucho al despotismo ilustrado del siglo XVII.

En otro orden de cosas, dice el ensayista, que debería haber planteado el Govern de la Generalitat o el Parlament, la reforma o revisión de la Constitución de manera formal.

Tal como he expuesto, para declarar unilateralmente la independencia no hace falta ninguna revisión; solo hace falta convocar unas elecciones y presentarse a ellas con un programa que contenga dicha declaración. Nada más. Entonces: ¿para qué promover la citada reforma?

En cuanto a la constitución de un estado federal, extremo éste apuntado, vacilantemente, por algunos partidos políticos, sí tendría que modificarse la Constitución, puesto que requeriría establecer nuevas reglas de juego entre los estados miembros. Puede ser una solución, a la vista del resultado de un referéndum en el que no se vote por la independencia, pero sí por la configuración de un Estado Catalán.

Plantea el Sr. Cardona, que la consulta al pueblo catalán no sea vinculante y pactada con el Gobierno Central.

Mi opinión es la contraria: lo que decida el pueblo debe ser vinculante siempre, puesto que es este quien debe decidir su futuro y no unos supuestos representantes que tan solo ostentan cargos a raíz de escalar en sus respectivos partidos políticos. El contrato social hace tiempo que se ha incumplido por parte de los políticos inmersos en una vorágine de corrupción sin medida, vergüenza ni penalización y la división de poderes está más que enterrada, como se encargó de señalar D. Alfonso Guerra. La única salida posible de una democracia del siglo XXI, es devolver el poder al pueblo, mediante votaciones sobre todas las cuestiones que sea posible, a imagen y semejanza del sistema helvético. Recordar que, en Suiza, se han sometido a referéndum cuestiones que parecían imposibles en otros estados, como el mantenimiento del servicio militar obligatorio (se votó a favor de su permanencia), la limitación del sueldo de los altos cargos empresariales (voto a favor de su no limitación) y, actualmente pendiente, sobre la Renta Básica de todo ciudadano (cuestión ésta de grandísima trascendencia). No puede sustraerse de la población la decisión sobre ninguna materia, ya que cabe recordar que los políticos están a nuestro servicio y cobran gracias a nuestro trabajo, y no al revés.

Por otra parte, nos habla el ensayista, como otros muchos lo hacen, de iniciar el camino pactista dentro del marco constitucional.

Si bien nunca puede arrinconarse dicha vía, lo cierto y real es que solo se puede negociar desde posiciones de igualdad y siempre que exista la voluntad de las dos partes de hacerlo. Actualmente, estas condiciones no se dan. De hecho, quien ha roto el cierto ?statu quo? socio-político existente, ha sido el Gobierno central, al aplicar una especie de ducha escocesa: ahora te transfiero competencias, ahora te las quito.

Más adelante, el Sr. Cardona, en su artículo, nos dice que nadie explica las consecuencias de la independencia de Cataluña -como si alguien quisiera esconderlas- y que se apela a sentimientos identitarios para abrazar las banderas que no sean las de España.

En este sentido, tampoco nadie nos ha informado sobre qué implicaciones tiene para Cataluña permanecer en el Estado actual. Tampoco se explica el 99% del contenido de los programas de los partidos políticos y, aun así, les votamos. Vivimos en un mundo en el que la información es libre, en el sentido de que, quien quiere, se informa, bajo la premisa de que no existe la verdad absoluta ni fuente de total garantía. Tampoco sabemos con seguridad cuáles son las consecuencias de la independencia de Cataluña, del mismo modo que nadie previó, con certeza, la crisis actual o el crac del 1929. A lo máximo que podemos aspirar es a formular simulaciones y especular con posibles escenarios.

Lo que si resulta exigible, es la mejora en la gestión de la cosa pública, no como hasta ahora. Y el pueblo necesita acciones tanto de seriedad en la conducta pública, como de responsabilidad por sus acciones. Sobre este extremo, sirvan dos ejemplos ocurridos esta misma semana diametralmente opuestos: uno, de servicio y seriedad, ha sido la Infanta Dª. Cristina con respecto a su segunda imputación por el caso Noos y la renuncia a recurrirla, acudiendo a la cita judicial puntualmente: solo cabe felicitarla (a ella o a sus asesores) por tal actitud que deberían ser ejemplo para otros dirigentes públicos, que intentan evitar la acción de la justicia o se dedican a desprestigiar a quien pretende fiscalizar sus actuaciones por los medios legales, con publicidad incluso en la web del Ayuntamiento, como el actual consistorio municipal de una población cercana a Barcelona, gobernado por ERC, que es el segundo ejemplo, éste en negativo.

Por otra parte, me parece muy pretencioso hablar de inmadurez popular en referencia a los catalanes nacionalistas, cuando tanto o más nacionalista es un español unionista como un catalán separatista. Y no creo que si le preguntamos a una persona de la calle de, por ejemplo, Andalucía, qué ventajas tiene que Cataluña no se escinda de España, pueda respondernos con fundamentos macroeconómicos, sin abrazarse a sentimientos.

Creo que todos preguntamos y buscamos respuestas, encontrándose muchas en distintas webs -como www.wilson.cat-, en la que economistas, muchos de ellos catedráticos de universidades como Columbia, responden a dichas cuestiones.

El sentimiento de pertenecer a un territorio, sobrepasa los criterios economicistas que, además, pueden existir y resultar plenamente ciertos y reales. Y, no olvidemos que el mayor incentivador del separatismo ha sido, desde el punto de vista de los independentistas, el Gobierno central cuando lamina e ignora las peculiaridades de las nacionalidades existentes, actualmente, en España, con una ignorancia sin límites del artículo 3.3 de la Constitución que dice: ?3.3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.? Realmente, poco o nulo caso hace la llamada Ley ?Wert? o LOMCE, al citado precepto.

El Sr. Cardona también se lamenta en su artículo, que con dicha falta de información sobre las consecuencias reales de la independencia de Cataluña, no se puede votar si ésta no se transmite de una forma serena y objetiva.

Pero, y la Constitución de 1978 ¿no fue un fraude? ¿Quién sabía el contenido del Título V o del X? ¿Quién entendía que función, sentido y necesidad tiene la existencia del Senado? (incluso, hoy en día, dudo que alguien lo sepa)

No creo que haga falta insistir en la existencia de múltiples fuentes de información en internet, conferencias, libros, escritos y artículos dirigidos por prestigiosos tratadistas de todos los colores y especialidades, como para poder establecer una opinión suficientemente informada sobre la cuestión. Posiblemente, a día de hoy, sea uno de los temas más tratados por gentes de todo color. Pero, repito, se trata de hacer un esfuerzo de formación activo y, si no, es mejor guardar silencio o votar no.

Se pregunta el Sr. Cardona, sobre diversos aspectos y consecuencias de la independencia de Cataluña.

En primer lugar, sobre el tratamiento que daría Cataluña a los catalanes que quisieran seguir siendo Españoles.

Con respecto a este punto, no creo que a nadie se le pase por la cabeza ninguna otra solución que la que se ha dado en otros estados con una situación similar, y ésta es la doble nacionalidad. También sería aplicable el artículo 24 del Código Civil Español, en cuanto permite optar, para aquel que lo quisiese. No se concibe como dos Estados que han formado uno, por el hecho de emanciparse, deban mantener un trato distinto al que tuvieron mientras estaban unidos.

Sigue preguntándose el articulista, como se haría cargo de la Seguridad Social y de las pensiones la Cataluña independiente, sobre todo teniendo en cuenta que Cataluña tiene una deuda pública galopante y que su financiación en los mercados internacionales es difícil por su cualificación de bono basura.

La respuesta es clara: actualmente es Cataluña la que envía más dinero a España del que recibe, para mantener los citados servicios en la Comunidades autónomas que no generan los suficientes recursos; por ello, libre de dicho pago, tendría recursos más que suficientes para dedicarlos a garantizar los repetidos servicios. No parece, ni por asomo, que exista ningún riesgo de impago.

En cuanto a la financiación de la Cataluña independiente lo cierto y real es que, la actual situación de crisis financiera de la Generalitat tiene como base, además del evidente desgobierno de los políticos responsables, un desmesurados trasvase de fondos hacia el resto de España. Resulta, y es pacíficamente reconocido, que Cataluña genera, aproximadamente, un 20% del PIB total estatal, siendo la tercera Comunidad en orden de generación de recursos. En cambio, cuando se trata de inversión estatal o retorno, pasa a ser la octava o novena comunidad perceptora, lo que implica que, para que un ciudadano residente en Cataluña reciba iguales servicios que los que recibe, por ejemplo, un Extremeño o un Castellano-Leonés, la Generalitat deba endeudarse. Y esto durante años (lo que ha podido hacer gracias a la muy favorable acogida de su deuda). Actualmente, ya no puede acudir a los mercados internacionales, entre otros motivos, por tener que ceder ingresos al resto de España: son números, no política. Posiblemente, en el momento en que una Cataluña independiente no tenga que transmitir fondos al resto de España, su capacidad de endeudamiento mejorará y ya no será un bono basura. Esto, si tiene que acudir a los mercados.

Comenta el ensayista que, aparte de la deuda propia de Cataluña, caso de independizarse, debería asumir una cuota de la deuda pública española.

Entiendo que deberíamos hacer balance de lo que Cataluña ha aportado al resto de España a fin de restarlo de la deuda Estatal, en cuanto se haya o no beneficiado de la inversión que concreta. Una vez hecho esto, sabremos si Cataluña debe asumir una parte de deuda o es España quien debe satisfacer algún pago de más. Por ejemplo, si la deuda del Estado la motiva la financiación del hospital de Toledo, Cataluña no deberá pagar nada ni endeudarse por esa parte de deuda. Solamente debería hacer frente a la deuda que se haya generado por inversiones en su territorio (AVE, etc.), disminuyéndola con lo aportado de más. Creo que debe haber una negociación sobre dicho tema, sobre las bases citadas.

Y aquí aparece la constante advertencia de la ?letanía? del ?España nos roba?, en cuanto puede comprometer, dice el Sr. Cardona, las inversiones de los mercados.

Como buena letanía política es simplista y poco matizada, por lo que no merece mayor comentario en estas líneas. Solamente, añadiría que los mercados solo escuchan una cosa: BENEFICIOS. Si Cataluña puede ofrecer mejores condiciones que ayuden a conseguir más beneficios, los mercados y las empresas vendrán. Es verdad que el capital es asustadizo y que, en un principio, la independencia catalana comportará una incerteza de la situación, pero no es menos cierto que, durante años, el capital ha entrado en Cataluña por su forma de hacer negocio. Y esto tiene un peso de cara al futuro que debemos valorar.

Nos alerta el Sr. Cardona por el futuro de los saldos bancarios, puestos de trabajo y una abrumadora carga fiscal, como fruto de la secesión.

¿Y si fuese justo al revés?: nos convertimos en un paraíso fiscal . Por ejemplo, otra opción sería ceder parte del territorio (¿bases?) a China, Rusia o USA a cambio de un "alquiler": ¿quien tendría problemas, entonces?

Esto no deja de ser más política-ficción, ya que, como he dicho, nadie puede saber con certeza que pasará. Lo cierto y real es que, actualmente, Cataluña ya tiene una presión fiscal, si no la más alta, si una de las más terribles de Europa, lo cual lastra cualquier iniciativa privada y perjudica gravemente el desarrollo social: parece que los gobernantes han olvidado a Laffer y su célebre curva.

Y aquí llega el gran tema: EUROPA.

¿Qué pasa con ella?

La UE ha cambiado de opinión conforme ha crecido la presión de España ante la abrumadora marea independentista. Hace aproximadamente un año, la Comisaria de Justicia de la UE, manifestó una obviedad jurídica: los tratados UE no prevén que sucede con un estado escindido de un miembro. Su respuesta fue que debe aplicarse la Convención de Viena sobre interpretación de los Tratados Internacionales y, en principio, seria la parte escindida del estado la que debería manifestar si quiere o no asumir los compromisos del estado del que formaba parte. Es decir, sería Cataluña la que debería decidir quedarse o no.

Con posterioridad y una vez vista la evolución del ?tema?, han aparecido las voces amenazando con la expulsión. Todo ello con bases más políticas que de técnica jurídica.

Ciertamente, llegados a este punto, creo que Cataluña independiente podría ser "no incluida" dentro de la UE, a pesar de que 1) ya somos ciudadanos UE, 2) cumplimos los requisitos UE y 3) somos una región que aporta capital a la UE.

Este extremo es de gran complejidad para ambas partes, pero en ocasiones cabría plantearse la conveniencia de no pertenecer a la UE, y en cambio, conseguir la firma de tratados bi o multilaterales con otras regiones del planeta, con las que sea de interés mantener relaciones comerciales. La Gran Bretaña no tiene el Euro por moneda y no se puede decir que le haya ido mal y la moneda Noruega ha sido "moneda refugio" durante la crisis, sin que dicho país se haya hundido. Suiza tampoco parece padecer problema alguno por estar fuera del Euro y de la UE y otros estados se están planteando dejar la UE. Todo lo cual, aliñado con los últimos acuerdos arancelarios, que cada vez facilitan más el comercio mundial sin pertenecer a ninguna otra organización económica local.

En definitiva, y este es otro de los grandes retos políticos actuales, la UE no tiene sentido si no se encamina hacia la Europa de las Regiones, evitando la obstrucción de los Estados decimonónicos que se han enquistado en un mundo que ya no es el suyo y que no entienden.

Hay un aspecto que parece pasar desapercibido en los análisis sobre la cuestión independentista, y es que muchos ciudadanos no solo aspiran a la independencia, sino que la vinculan a una nueva manera de hacer política, que solo podrá triunfar si se cambian las estructuras de estado: con políticos que sirvan al pueblo con verdadera vocación de servicio y no de servirse.

Posiblemente, la actual ola independentista, latente desde hace muchos decenios en la sociedad catalana, está teniendo otra consecuencia no querida: enmascarar las faltas y limitaciones de nuestros políticos. Aunque creo que, por primera vez, se les ha escapado de las manos y son los ciudadanos los que están llevando en volandas a los políticos.

Sobre el hecho que advierte el ensayista de que nos empequeñeceremos y que ello no parece la mejor fórmula para afrontar el futuro, solamente un ?pequeño? razonamiento: Suiza, Liechtenstein, Montecarlo, Dinamarca, Holanda, etc., no parecen tener ningún problema con el tamaño. Parece más un chascarrillo machista que una medida económica.

España, dentro de la UE, no tiene peso político alguno, como ha quedado demostrado durante la gestión de la crisis. En consecuencia, permanecer o no unidos en nada nos favorece o perjudica a nivel UE.

Es más, si la UE quiere sobrevivir, los Estados integrantes deberán ir cediendo, paulatinamente, su soberanía en favor de dicho organismo supranacional. Muchas veces, desde las posiciones del nacionalismo españolista, se nos quiere hacer creer que los estados "grandes" son el futuro, cuando el futuro es que vayan quedando diluidos dentro de los entes como la UE.

En cuanto a los sentimientos y lazos de amistad y familiares, nadie dice que no puedan y deban mantenerse, bajo la simple fórmula de la doble nacionalidad y de tratados bilaterales.

Lo que sorprende sobremanera es que, si España tanto quiere a Cataluña (por cuestiones no económicas), la menosprecien desde las posturas del nacionalismo español y amenacen con vetar el ingreso en la UE (si es que se expulsa a Cataluña), o que habrá fronteras, etc. Lo lógico sería que intentasen convencer a los ciudadanos de lo muy queridos que son, y que si, finalmente, deciden separarse de España, siempre serán bienvenidos, procurando tejer lazos de amistad y convenios que preserven la buena relación que, dicen, existe. La ruptura de lazos, en el hipotético caso de producirse la segregación de los Estados, tan solo la propone el nacionalismo español. Desde Cataluña yo no he escuchado a ningún político decir que no se quiera mantener un trato exquisito con España. Incluso Oriol Junqueras lo mencionó no hace mucho, resultando un ejemplo emblemático de coherencia y visión política que supera los localismos que pretenden achacar al nacionalismo catalán.

Se dice en el artículo comentado que los políticos están haciendo un ejercicio de irresponsabilidad, que conducirá a una precariedad y frustración que los ciudadanos no se merecen.

Cuando alguien tiene una ilusión y ésta no se cumple, tiene una frustración. Pero, ante esto, ¿nunca deberemos ilusionarnos? Metas más complejas se ha planteado la humanidad y no ha renunciado a ellas por miedo a la frustración o al exceso de complejidad. La humanidad solo evoluciona en base a ilusiones. Si no, desaparece. Nos habríamos extinguido por que ¿quién no ha sufrido un desengaño amoroso? y no por eso hemos dejado de buscar a nuestra pareja.

En resumen: Creo que estamos ante un reto fabuloso en cuanto puede abrir nuevas expectativas y nuevos estadios (se decida por la independencia o no) que sacuden los cimientos de nuestra sociedad, que bien lo necesita.

Y en lo más profundo, se trata de un absoluto ejercicio de democracia ¿puede decir lo mismo quien niega el derecho a votar a un pueblo?


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